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Varios centenares de personas se manifestaron contra la privatización de la gestión de Inalsa el sábado por la tarde desde el Cabildo viejo hasta el parque Islas Canarias, donde los organizadores, miembros de la plataforma social por la defensa del agua pública, exigieron la dimisión de los políticos que llevaron a la empresa a acumular una deuda millonaria.

M.R.
[Domingo, 27 de enero de 2013] [09.40]

En el manifiesto con el que cerraron la marcha se destacó que “el agua siempre ha sido un bien muy escaso en la Isla” y que “el hombre de Lanzarote ha tenido que luchar denodadamente” contra “la escasez hídrica, que ha marcado nuestra historia”.

Defendieron que el agua debe mantenerse “bajo estrecha vigilancia y control de la ciudadanía por su carácter estratégico” y denunciaron el intento de “privatizar” el agua, “no solo porque se están jugando unas cuantas comisiones, como en los intentos anteriores, sino porque se juegan el patrimonio de unos políticos que han mal gestionado interesadamente”.

Inalsa tiene en la actualidad una deuda cifrada en 56 millones de euros. Los organizadores de la protesta critican que los políticos que han pasado por los consejos de administración de la compañía de aguas sigan en la vida pública “como si no hubiera pasado nada, ostentando cargos en ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias”.

Una situación que tachan de “burla” y “desvergüenza”, por lo que exigen que “paguen con su patrimonio”, embargada cautelarmente por el Juzgado de lo mercantil hasta que se resuelva el concurso de acreedores. También exigieron “la dimisión de los políticos implicados en la mala gestión de Inalsa”.

Además insistieron en que la gestión del agua “no se puede dejar al libre mercado” puesto que, según su parecer, “no es una mercancía sino un derecho y su distribución debe basarse en criterios de equidad, justicia y solidaridad”.

En el manifiesto recalcaron que la privatización de la gestión del agua para captar al menos 50 millones de euros con los que afrontar las cuentas pendientes con los acreedores (Endesa, FCC y Aguas Filtradas) “perjudica seriamente a los ciudadanos de Lanzarote al obligarlos a saldar una deuda millonaria que no han adquirido ni autorizado”.

“La experiencia”, aseguraron, “nos indica futuras subidas desorbitadas para pagar la corrupción, el saqueo y el despropósito a que ha estado sometida” Inalsa, al tiempo que denunciaron el “fraude electoral” que supone, a su juicio, la privatización, “al no estar contemplada por ningún partido político en su programa”.

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